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El silencio de los archivos

En España, las fuerzas políticas determinan no sólo cómo tratar la dictadura de Franco sino también cómo acceder a los archivos relacionados con ella.

Convencidos de que la larga sombra de la guerra civil – palabras que engloban y ocultan el golpe militar y el plan de exterminio aplicado allí donde triunfó: medio país – podía dar al traste con el proceso político que se vivía desde la muerte del general Franco, se optó por clausurar el pasado, que oficialmente pasó a denominarse el "régimen anterior”.

Cajas llenas de documentos sobre la Guerra Civil española en el Archivo Nacional de Cataluña, Sant Cugat del Vallès.

Foto: AP/Mani Fernández

Por otra parte, la derecha reformista, que condujo el proceso, demostró desde un principio no estar dispuesta a que se hurgase en lo ocurrido, de manera que una de las primeras medidas que se tomaron fue borrar mediante una amnistía ciertos delitos cometidos a partir de 1936, desde los de rebelión y sedición hasta aquellos realizados "por funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”. De esta forma, en aras del proceso en marcha, fue sacrificado el principio de que el primer deber de la democracia es la memoria. Como dijo el escritor andaluz afincado en Francia Agustín Gómez Arcos: "La dictadura prohibía la memoria y ahora la democracia la impide”.

Orden para destruir los archivos

Las consecuencias de esta política en el ámbito archivístico fueron importantes. En vez de tomar medidas urgentes para proteger el patrimonio documental se optó por el abandono más absoluto cuando no por la destrucción. Así, fue el propio ministro de Gobernación en 1977, Rodolfo Martín Villa, ex falangista, quien ordenó la destrucción de los archivos de Falange, con todos los historiales de quienes habían servido al fascismo español durante cuatro décadas. "Olían insoportablemente a pasado”, declaró el gobernador civil de Barcelona después de que desaparecieran. Otros archivos no hizo falta destruirlos; bastó con dejarlos a su propio aire para que desaparecieran en poco tiempo. Tal fue el destino de numerosos archivos municipales.

La Ley de Patrimonio Documental de 1985 vino a dar carta de naturaleza a esta peculiar situación. La ambigüedad calculada con que trataba la posibilidad de acceso a los documentos – no quedaba claro si prevalecía el derecho a la información o el derecho al honor ni tampoco si la posibilidad de ver un documento se hacía a partir de su propia fecha o desde la del último documento del expediente – se convirtió en fuente de innumerables quebraderos de cabeza para investigadores y responsables de archivos. Esta situación se sufrió a lo largo de los años ochenta y noventa.

Reforma de la estructura

A finales de esta última década se reformó la estructura general de los archivos españoles. Aparentemente todos formaban entonces parte de un mismo tronco. Sobre el papel quedó muy bien pero la realidad no fue ésa. Los males de fondo – aquellos que hicieron decir a Daniel de Ocaña Lacal, archivero del Tribunal Constitucional, que si el espíritu de las normas de acceso a los archivos se diese en el resto de las materias reguladas por el Derecho, volveríamos al estado primitivo – continuaron. Sirva de muestra la lamentable situación y estado de los archivos militares, aún en posesión de fondos clave relativos a la guerra civil y a la dictadura, y cuyos poseedores no reúnen las mínimas condiciones para gestionar dicha documentación.

No hay una política coherente

Frente a esta situación cabe hablar, tomando la expresión de Lucien Febvre, de un verdadero combate por la historia, el que hemos tenido que mantener los historiadores para ir ganando poco a poco pequeñas parcelas del patrimonio documental. La situación actual, pese a haber mejorado, adolece aún de graves problemas estructurales y de la inexistencia de una política coherente que ponga un poco de orden y racionalidad en el panorama archivístico español. Desde la investigación, todo parece lento y sin norte claro.

Francisco Espinosa Maestre

Francisco Espinosa Maestre nació en Villafranca de los Barros (Badajoz) en 1954 y reside en Sevilla. Historiador y doctor en Historia. Coordinador del proyecto "Todos ...
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