Magazine / Actualidad / Discursos postdictatoriales / Artículo | 29/10/2008

Maldición de ultratumba

En Polonia se están discutiendo las diferentes aproximaciones a la superación de su pasado: ¿Se debe pasar raya al régimen comunista o no hay miembro del servicio secreto ni funcionario que no deba aún hoy justificar sus acciones?

Por una parte, los principales líderes de la oposición democrática a la vez que arquitectos del pacto de la transición preconizaron la visión de "borrón y cuenta nueva", con el fin de encaminar la Polonia postcomunista por la vía del porvenir democrático, pluralista y liberal.

Mujer frente a una exposición fotográfica sobre la proclamación del derecho a la guerra en Polonia, 1981. Varsovia 2006.

Foto: AP/Czarek Sokolowski

Esta visión del nuevo país suponía la admisión del antiguo partido comunista, reconvertido entretanto en una socialdemocracia, como uno más dentro del juego democrático. No supuso, en cambio, como alegarían sus detractores una y otra vez, ningún pacto de impunidad retroactivo a modo de amnistía o indulto general, para crímenes o delitos cometidos en el pasado por funcionarios del régimen comunista o su policía política, sino que dejaba actuar en esta esfera a los tribunales de justicia.

Búsqueda por ”ajuste de cuentas”

Por otra parte, surgió una corriente política, que lideraron militantes de la oposición democrática anticomunista "de segunda fila" o quienes ni siquiera habían militado en ella, y que cada vez iba en aumento, que buscaba una "ajuste de cuentas" con la dictadura, mediante el castigo público de los antiguos comunistas y, sobre todo, de agentes de la policía política (servicio de seguridad). Si bien la pretendida "ley de descomunización", es decir, de expulsión de la vida pública de funcionarios y miembros del partido comunista, nunca vio la luz por contravenir flagrantemente las normas de un estado de derecho con su principio de igualdad ante la ley, los servicios de inteligencia del nuevo régimen democrático sí fueron depurados de antiguos funcionarios de la policía política comunista, sobre todo, de aquellos que habían tomado parte en la persecución de la oposición y la iglesia católica.

Durante la primera década de la democracia, en los años 90, los archivos de la antigua seguridad comunista estuvieron abiertos para la investigación con la exclusión de los llamados materiales operativos, es decir dossiers personales de antiguos oficiales, agentes, colaboradores de la policía comunista, así como personas por ella perseguidas y reclutadas como informantes, que permanecieron cerrados. Sin embargo, estos archivos personales del ministerio del Interior cerrados podían ser cedidos para ser investigados por un tribunal especial, creado por ley en 1997, que tenía por objeto escrutar el pasado político de personas que aspiraban a ocupar cargos públicos de importancia en el Gobierno o el Parlamento, de los que los oficiales de la seguridad comunista estaban excluidos.

Traslado de archivos

Hacia el fin de la década del 90, la lucha entre la corriente del "borrón y cuenta nueva" y los partidarios de la revisión radical y persecutoria del pasado dictatorial creció. Los revisionistas enarbolaron la bandera de la ruptura del pacto de la transición de 1989, al que denunciaron como una traición de la causa de la libertad y un acto de secuestro de la democracia polaca por parte de los antiguos comunistas y sus supuestos aliados en las filas de Solidarność. Para "rescatar la libertad polaca" de aquella conjura secreta de ex-comunistas, agentes de seguridad y sus protectores de la ex-oposición democrática – argumentaban los revisionistas – había que purgar la vida pública de todos los antiguos colaboradores de la policía política. Para ellos, los líderes revisionistas se sirvieron de los archivos de la antigua Seguridad que mientras tanto, es decir a partir de la ley de 1999, fueron en su totalidad trasladados al llamado Instituto para la Memoria Nacional, creado para investigar la época comunista y, también, para perseguir posibles crímenes cometidos durante la misma.

Los antirrevisionistas defendían el punto de vista de que los archivos de la política comunista no tenían credibilidad absoluta y no podían servir de arma política para destruir la vida de las personas. Argüían que la imputación de haber sido colaboradores podía dañar irreversiblemente el buen nombre de personas que habían sido "reclutadas" como informantes mediante persecución y chantaje.

Ley de depuración

No obstante, con el tiempo, en la medida en que el Instituto iba ordenando los archivos, estos – incluidas las listas y dossiers personales de agentes y colaboradores antes cerrados al público – iban poniéndose a disposición de los investigadores y periodistas. La campaña de los revisionistas, bajo el lema "la verdad nos liberará", culminó con la aprobación en 2006 por el Parlamento, dominado por el partido de los revisionistas, de una ley de escrutinio biográfico (ley de depuración) que obligaba a investigar posibles vínculos con la Seguridad comunista de casi un millón de personas, desde políticos, hasta periodistas y maestros de escuela, investigación que habría de comenzar con una confesión obligatoria por parte de personas afectadas sobre sus posibles vínculos con la seguridad comunista. La ley naufragó estrepitosamente debido a que el tribunal constitucional le encontró hasta 40 violaciones de la constitución.

Defendiendo la causa del escrutinio biográfico a la luz de los archivos de la policía comunista el jefe de gobierno Jarosław Kaczyński (2005-2007) descalificó repetidas veces a los adversarios de la misma en cuanto instrumentos útiles y protectores de los antiguos servicios secretos llegando a adquirir máxima celebridad su famoso grito: "Nosotros estamos allí dónde entonces estaba Solidarność, ellos [es decir todos los que no están de acuerdo con la purga pública de supuestos ex-agentes] están en el lugar, donde estaban los ZOMO (política de choque antidisturbios utilizada para reprimir protestas de Solidarność en la decada del 80)".

Discusión sobre Wałęsa

No obstante, la campaña "salvaje" y políticamente interesada de denuncias contra supuestos agentes comunistas prosiguió mediante filtraciones a los medios de comunicación de dossiers personales de muchos personajes públicos. Esta campaña, como es lógico, afectó sobre todo a quienes eran conocidos por su aversión a hurgar en el pasado con fines políticos. Su última víctima es nada menos que Lech Wałęsa, líder histórico de Solidarność, héroe nacional de Polonia y Premio Nobel de la Paz. La discusión en torno a Wałęsa estalló a raíz de un libro escrito por dos investigadores del Instituto para la Memoria Nacional que pretenden demostrar que Wałęsa fue en la década de los 70 agente informante del Servicio de Seguridad con el seudónimo "Bolek". Walesa lo niega rotundamente y acaba de responder con una autobiografía suya aparecida hace unos días.

Para los autores de la campaña, públicamente atizada por el ex jefe de gobierno Jarosław y el presidente polaco actual, su hermano mellizo Lech Kaczyński, el acoso de Lech Wałęsa es un móvil para deslegitimar la entera transición democrática polaca desde 1989 en cuanto traición y engaño del pueblo polaco por parte del contubernio de falsas élites de Solidarność y ex-comunistas.

Maciej Stasiński

Nació 1955 en Varsovia. Se graduó en Filología Española por la Universidad de Varsovia en 1980 y en Estudios Hispánicos en la Universidad Complutense de ...
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