El aval alemán a las compras del BCE evita otra crisis del euro

En el Banco Central Europeo y en los principales despachos de los organismos de la Unión Europea se respiró ayer con satisfacción. El Tribunal Constitucional alemán avaló -con algunas reservas, es cierto- el programa de compra de deuda soberana con el que Mario Draghi contuvo en 2012 la mayor crisis del euro desde su nacimiento. Aunque una decisión en este sentido era la más probable, ni qué decir tiene que si el Alto Tribunal alemán hubiera fallado en contra de la política monetaria del BCE el conflicto legal que se habría abierto en la UE hubiera sido de consecuencias impredecibles. Más cuando la sentencia se ha conocido a dos días vista del referéndum británico sobre la permanencia en la Unión. ¿Cómo podría haber afectado en el ánimo de los británicos si se hubiera producido una discrepancia tan grande entre la doctrina del BCE y la legislación del principal país de la UE?

Los hechos a los que se refiere el Constitucional alemán datan de septiembre de 2012, cuando Draghi anunció un programa ilimitado de compra de deuda pública en el mercado secundario -las denominadas Operaciones Monetarias de Compraventa (OMT, en inglés)-. Lo hizo dos meses después de haber pronunciado aquella balsámica frase -"el BCE está listo para hacer lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme, será suficiente"- para estabilizar la economía de la zona. En aquel momento, la crisis estaba en el nivel más alto. Fue cuando nuestra prima de riesgo se disparó más allá de los 600 puntos básicos.

El anuncio realizado por Draghi tuvo un efecto mágico y los mercados empezaron a estabilizarse. Pero unos 35.000 ciudadanos alemanes, con algunos economistas, un diputado euroescéptico de la CSU y el grupo parlamentario del partido de izquierda Die Linke a la cabeza, acusaron al BCE de idear un plan para ayudar de forma encubierta a los Estados miembros del euro que pasaran por dificultades. Algo que, según los demandantes, excedía de las competencias del banco central, que únicamente se circunscriben al control de la inflación en la Eurozona.

El Constitucional alemán consultó en 2014 al Tribunal de Justicia de la UE, que dictaminó el año pasado a favor de la política monetaria del BCE y de la legitimidad de las OMT. Y ayer, aceptó, aunque con condiciones, la decisión de la justicia europea. Así, el banco central alemán, el Bundesbank, podrá participar en las compras de deuda derivadas de este programa en el caso de que el BCE opte por ponerlo en marcha alguna vez. Eso sí, dice que esa participación deberá ser refrendada previamente por el Parlamento y el Gobierno federales.

Si el Alto Tribunal alemán no hubiera avalado el programa de compra de deuda se podría haber puesto en peligro toda la política monetaria del BCE, lo que acabaría afectando a toda la política monetaria expansiva que la entidad puso en marcha en marzo del año pasado y que ha servido para aplacar las turbulencias en los mercados. El BCE queda así ratificado en su política monetaria, algo fundamental en un momento en el que el euroescepticismo continúa su ascenso en buena parte de la Unión Europea, con el incremento de los populismos de izquierda y derecha.

Esta decisión del Constitucional alemán tiene, además, un beneficio colateral, porque puede ayudar a aplacar el tradicional enfrentamiento entre el Gobierno de Angela Merkel y Mario Draghi sobre la dirección de la política monetaria del BCE. El último episodio se produjo a finales del mes pasado, cuando el ministro de Finanzas Wolfgang Schäuble atribuyó a Draghi "el 50% de la responsabilidad" en el ascenso electoral del partido eurófobo de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) por su política de tipos cero y de compra de deuda, vista desde esa perspectiva como una ayudas encubiertas a los países que no han querido hacer sus reformas estructurales.

Por eso, que el Constitucional alemán ratifique una política monetaria que ha sido clave para ayudar a la salida de la crisis a los países periféricos de la UE es una derrota de los euroescépticos que se produce en un momento clave para la Unión, a dos días del referéndum británico y en pleno ascenso del euroescepticismo, en el que se necesita más que nunca apuntalar el papel de los organismos supranacionales.