Opinión

Se hace justicia con Urdangarin

EDITORIAL

LLITERES / EFE

Iñaki Urdangarin está pasando con toda probabilidad sus últimas horas en libertad. Se cierra un lamentable episodio que puso en jaque a la institución monárquica y que precipitó acontecimientos como la abdicación del Rey Juan Carlos. La esperada sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Nóos corrobora las principales conclusiones de la que dictó la Audiencia de Palma, y el marido de la Infanta Cristina queda al fin condenado a cinco años y 10 meses de prisión por graves delitos de corrupción. Su defensa recurrirá al Constitucional, pero todo apunta a que entrará en la cárcel de inmediato.

La noticia tiene un gran impacto social, como es lógico. Si bien hoy mitigado tanto por el hecho de que el fallo del Alto Tribunal ha sido el esperado -apenas se rebaja la condena en cinco meses- como, sobre todo, por las enérgicas decisiones tomadas por la Corona desde la proclamación de Felipe VI para regenerar la institución y marcar distancias meridianas con Doña Cristina y su esposo. Y así, por fortuna para el buen funcionamiento de la monarquía parlamentaria y en favor del necesario prestigio de la Jefatura del Estado, hoy no estamos ante la condena firme de un miembro de la Familia Real, puesto que ni Urdangarin ni la Infanta forman parte ya de la misma. En el caso del apartamiento de esta última, se trató de una medida sin duda dolorosa para el Rey, pero imprescindible para rehabilitar la imagen de la Corona. No se puede pasar por alto que su existencia en el siglo XXI se justifica por su utilidad real, pero también por su importante función simbólica, que exige ejemplaridad de cada uno de sus integrantes.

El caso Noós, destapado hace ya casi una década por las informaciones publicadas por EL MUNDO, genera un especial malestar porque deja al descubierto la peor forma en la que pueden obrar en la esfera pública personas con una relevancia tan extraordinaria como la que tenía el yerno del Rey. En ese sentido, el Supremo subraya el reproche a Urdangarin por usar el "trampolín institucional" para lograr contratos en su beneficio, y le afea que las autoridades de Baleares se "sometieron" ante la posición que ocupaba en la Familia Real, una influencia que "buscó y provocó deliberadamente".

Abochorna desde luego el mal uso que hizo de su "notoria condición". Del mismo modo, hoy cabe felicitarse por el buen funcionamiento de nuestro Estado de derecho. Se ha hecho justicia. No ha habido impunidad, tal como daban por hecho algunos sectores populistas obsesionados con erosionar el crédito de las instituciones. También la Infanta Cristina se sentó en el banquillo. Y aunque resultó absuelta, ayer se ratificó su responsabilidad como partícipe a título lucrativo en los delitos de malversación y fraude de su marido. Motivo más que de sobra para que la hermana del Rey tuviera un gesto de grandeza hacia la Corona y renunciara a sus derechos dinásticos.