Italia da una vuelta de tuerca a su política de inmigración, tensando así la cuerda con sus socios europeos. El decreto sobre inmigración y seguridad aprobado ayer por Gobierno italiano contempla un endurecimiento de las condiciones para los solicitantes de asilo y expulsiones para los inmigrantes considerados "un peligro social" o condenados en primer grado. El decreto, impulsado por Matteo Salvini, modifica la normativa de acogida de refugiados y limita la protección humanitaria de éstos. Regular la inmigración de forma ordenada es un imperativo legal para las democracias europeas. Hacerlo delimitando el reto migratorio a un asunto de seguridad y criminalizando al extranjero produce estupor viniendo de un país fundador del club comunitario.